Publicamos la nota de prensa que nos ha hecho llegar el colectivo de represaliados en Villarrobledo y San Clemente por la visita de Cospedal. Varios de ellos son compañeros de la CGT. Desde la Federación Comarcal del área de Alcázar, como no puede ser otra manera, les estamos apoyando en todo lo posible. Y desde aquí queremos mostrarles públicamente nuestra completa solidaridad.
El conjunto de los ciudadanos y vecinos de
Villarrobledo y San Clemente denunciados el 24 de julio de 2013
durante la visita de la
Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Mª Dolores de Cospedal, realizamos esta nota de prensa para exponer los
hechos y denunciar la actitud y las diligencias que contra nosotros se están
realizando por parte de la
Subdelegación de Gobierno de Albacete.
El 24 de julio de 2013, algunos ciudadanos de Villarrobledo nos
acercamos a la Plaza
de Ramón y Cajal, con motivo de expresar libremente nuestro descontento y
rechazo a los múltiples recortes y privatizaciones en educación,
sanidad servicios sociales, y agresiones como la fractura hidráulica y el
basurero nuclear, por citar algunos, que el gobierno de la Comunidad Autónoma
de Castilla-la Mancha
está llevando a cabo y que en ese día se personificaban en la propia Presidenta
María Dolores de Cospedal a través de una visita institucional a
Villarrobledo.
Con el simple ánimo de hacer explicitas nuestras quejas y
reivindicaciones y sin ánimo de ofensa, hicimos muestra de nuestras
opiniones a través de carteles, en ningún caso insultantes u ofensivos, y
usando nuestra voz, todo esto dentro del marco establecido por la Guardia Civil de
Munera a la que en todo momento hicimos caso y la que nos delimitó
el espacio en que transcurrió la protesta y nos comunicó la validez de nuestros
actos en relación a su oportunidad y la corrección de los mismos.
Cuando ya la protesta llevaba bastante tiempo, varios agentes de la Guardia Civil
procedieron a tomar los datos a algunos de los allí presentes, en algunos casos
esgrimiendo el argumento de que esa "selección" se hizo como
ejercicio rutinario y por órdenes que recibían.
Posteriormente la
Subdelegación de Gobierno nos enviaría una multa a todos los
identificados por un importe de 150 euros, según ellos por "proferir
gritos y numerosas pitadas incitando al resto de viandantes a que se unieran a
dicha actuación, alterando con su proceder la Seguridad ciudadana".
Los afectados por esta medida entendemos, una vez que se ha hecho caso
omiso a nuestras alegaciones (en varias ocasiones) y no se ha
tenido en cuenta ni a los múltiples testigos ni los vídeos íntegros de la
protesta que hemos presentado, que esta actitud de la Subdelegación de
Gobierno responde a una estrategia general, definida desde la presidencia
de la Comunidad ,
que tiene como objetivo la intimidación de los ciudadanos, que tan solo ejercen
su derecho a la libre expresión y reunión. Por eso denunciamos que se acose a
los ciudadanos, máxime cuando esto se hace gastando los recursos de
todos: no podemos dejar pasar la contradicción y el ataque a la democracia
que supone la utilización del personal de la Subdelegación así
como a la Guardia Civil ,
pagada por todos los ciudadanos, para reprimirlos y evitar que hagamos
expresión pública de nuestras ideas, críticas, o sentimientos
personales. Y es lógico que esta expresión de malestar se haga
coincidiendo con la visita de autoridades políticas.
Esta represión ciudadana, este intento por sembrar el pánico y el
terror entre los ciudadanos, es más propia de regímenes dictatoriales que
de una democracia. Por eso queremos denunciar la burorepresión que los
ciudadanos estamos recibiendo por parte de la
administración, consistente en denuncias, multiplicación de
trámites burocráticos, utilización de los cuerpos de seguridad del
estado, lo que provoca una tremenda indefensión de todos y cada uno
de nosotros. También queremos agradecer todas las muestras de
solidaridad que hemos recibido por parte de nuestros vecinos y compañeros, lo
que demuestra que ninguna represión va a conseguir amedrentar al pueblo. Y
queremos mostrar nuestra solidaridad con los múltiples casos de denuncias
injustificadas en la toda la región y en todo el estado, como en el
de los profesores de Guadalajara, que podría incluso llegar a penas de cárcel.
En definitiva, la persecución que se hace a todos aquellos que
ejercemos nuestro derecho de expresión, se esgrime por parte del poder político
de la Junta como
una herramienta de disuasión y persecución que es extensible a todos los
ciudadanos. Pero que en ningún caso va a llevar al acallamiento o
finalización de las protestas. Máxime cuando éstas son legítimas y
conforme a derecho dentro de un estado democrático como debería ser el nuestro.
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